El Gobierno busca el escarnio de las petroleras para justificar el fin del descuento del carburante

La investigación anunciada por la CNMC a Repsol, Cepsa y BP ha causado estupor en el mundo económico, ya que no es nada habitual que este organismo teóricamente independiente airee estas acciones sin siquiera haber incoado un expediente. Distintas fuentes coinciden en que el objetivo es el «escarnio público» de las petroleras y preparar el terreno para la supresión del descuento de 20 céntimos a los carburantes.

Según un comunicado emitido el miércoles por la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia, «entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre de este año, la CNMC llevó a cabo inspecciones en la sede» de estas tres compañía. Asimismo, aclara que «las inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas prácticas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las entidades». Sólo si se encuentran indicios de estas prácticas, se abrirá un expediente.

El organismo presidido por Cani Fernández no tiene obligación de informar de estas actuaciones si no abre un expediente. Además, el sector asegura que la CNMC ya dispone de todos sus datos y que, si necesita más información, se la pueden remitir de forma telemática. Por eso, en el mundillo se considera que las inspecciones in situ en las sedes y su comunicación pública sólo buscan el citado escarnio público de las grandes petroleras.

Con todo lo más llamativo es que estas inspecciones se hacen por vender gasolina más barata, no por pactar precios artificialmente altos (algo por lo que han recibido sanciones en años anteriores). La inspección se ha abierto por las denuncias de varias asociaciones de pequeños operadores de gasolineras, que se quejan de que las grandes petroleras practican descuentos agresivos.

Como ha venido informando OKDIARIO, Repsol, Cepsa y, en menor medida, BP han aplicado a sus clientes descuentos mayores que los 20 céntimos del Gobierno. Unas ofertas ligadas normalmente al uso de tarjetas o aplicaciones de fidelización. Las prácticas anticompetitivas se investigan cuando provocan precios artificialmente altos, no cuando consiguen bajarlos en beneficio del consumidor.

Fin del descuento

El momento elegido para lanzar esta ofensiva contra las petroleras también resulta muy llamativo. Justo cuando se está aprobando en el Parlamento el impuestazo a las energéticas que se salta el acuerdo de la UE sobre la materia y cuando el Gobierno está debatiendo si prorroga o no el citado descuento de 20 céntimos.

Como también ha adelantado este periódico, el Ejecutivo -presionado por Podemos- se inclina por eliminar esta medida, que es universal y beneficia a todos los ciudadanos, y acotarla a los más «vulnerables». Como en la práctica es imposible discriminar entre unos y otros clientes en el surtidor, la solución preferida es un cheque de hasta 500 euros anuales para las rentas bajas (falta por definir dónde se pone el listón). Ese cheque también serviría, según la argumentación de Podemos, para compensar la subida de los alimentos básicos.

En todo caso, este ataque a las petroleras se inscribe dentro de la estrategia del Gobierno de buscar votos de extrema izquierda echando la culpa a las empresas de diferentes sectores (eléctricas, bancos, supermercados, etc.) de la inflación y de los problemas de la economía, mientras él se niega a tomar medidas que podrían aliviar esta situación, como bajadas de impuestos.